Ley de Servicios Profesionales

Alfredo Pérez Rubalcaba ha anunciado la intención del Gobierno de enviar al parlamento, antes de que acabe el actual periodo de sesiones, la nueva Ley de Servicios Profesionales. Después de la denominada Ley Paraguas y la Ley Omnibus, esta norma constituye una de las actuales preocupaciones del colectivo de ingenieros. Durante estos meses muchos colegios han mostrado su preocupación por su supervivencia. Con ocasión de la elaboración de los presupuestos anuales se ha puesto de relieve la excesiva dependencia de los ingresos prácticamente a una única procedencia: los visados de proyectos. Una debilidad que ha resultado fatal cuando prácticamente ha desaparecido la obligación de los ingenieros de visar sus proyectos. Aparte de otras cuestiones, la falta de ingresos o si se quiere la reducción drástica de los mismos ha puesto en tela de juicio las aportaciones que de forma regular venían haciendo los Colegios a las Entidades de Previsión Social. Esto ha provocado que las EPS se vean seriamente comprometidas y que los socios deban realizar mayores aportaciones para garantizar las previsiones matemáticas reguladas por Ley. En fin, los Colegios hoy parecen la casa de los líos. Viven un momento de incertidumbre en el que algunos, incluso, cuestionan las posibilidades de existencia en un futuro inmediato.

Por si todo esto fuera poco, ahora el vicepresidente Rubalcaba anuncia la Ley de Servicios Profesionales. En ella, entre otras cosas, se pretende dar atribuciones a todos los ingenieros en las 17 ramas existentes de la ingeniería en España. Es decir, un ingeniero agrónomo tendría la misma competencia para diseñar un puente que un ingeniero de caminos, por poner sólo un ejemplo. Y claro esto ha puteado el ambiente. El argumento del Gobierno para defender esto es que todos los ingenieros disponen de una formación o tronco común que les permite abordar cuestiones multidisciplinares. Yo no estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con el lío actual de competencias. Por ejemplo: un ingeniero de minas no puede proyectar un ascensor para una casa de dos o tres pisos porque invadiría competencias de los arquitectos; pero, sin embargo, sí puede proyectar un "ascensor" o jaula para bajar a más de 600 metros de profundidad. ¡Y esto sí que es un elevador. O un ingeniero de minas sí puede proyectar el camino de acceso a la labor minera; pero no puede hacerlo para unir dos localidades en una provincia cualquiera. Un ingeniero de minas puede proyectar miles de galerías subterráneas para extraer carbón de las entrañas de la tierra, pero no puede firmar el proyecto de un pequeño túnel en una autovía. Un ingeniero de minas puede proyectar una compleja instalación eléctrica de un complejo minero; pero no puede diseñar la distribución eléctrica de una pequeña vivienda unifamiliar. Y así podríamos seguir citando ejemplos y comparando las atribuciones profesionales de los ingenieros con sus verdaderas competencias. 

Posiblemente el Gobierno se equivoque con el borrador de Ley de Servicios Profesionales: yo ni siquiera lo he leído, por tanto, en principio me fío de la opinión de los que lo han leído y en especial de mis representantes, tanto en el Consejo Superior como en la Real Academía como en el Instituto de la Ingeniería, pero tampoco se puede mirar para otro lado e ignorar una realidad que está en la calle. Es posible que la discusión en el Congreso de la Ley también constituya una buena oportunidad para reflexionar sobre ello y definir de una vez por todas a que nos referimos cuando hablamos de "técnico competente".

Lo ingenioso, lo que en este caso correspondería hacer al ingeniero es convertir la amenaza del borrador del proyecto de Ley en una fortaleza y ésta en una oportunidad para la profesión. En eso consiste precisamente la ingeniería: en convertir las "ideas" abstractas en cosas tangibles. Haber si somos en esta ocasión capaces de ello.