España consume anualmente unos 40 millones de toneladas de carbón, de las cuales produce aproximadamente 10 millones. Es decir, el Estado español debe importar anualmente cerca del 75% del carbón que consume. Dado que España no tiene reservas de petróleo ni de gas, el carbón constituye un recurso clave para la producción de energía primaria en nuestro país.
Desde hace décadas existe una creciente preocupación de los Gobiernos por la falta de autonomía de nuestro país a la hora de abastecerse de recursos energéticos primarios. Esta preocupación en su momento impulsó un gran acuerdo nacional, plasmado en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y el Nuevo Modelo de desarrollo Integral y Sostenible.
Sin embargo, a pesar de las múltiples declaraciones y acuerdos existentes para mantener el carbón como reserva estratégica, estos días la minería del carbón en la provincia de León está en pie de guerra. En los tiempos convulsos que corren puede parecer una protesta o algarada más. Una expresión más del malestar de un sector por los recortes que ya se han verificado en otros como el de educación, sanidad, etc. Pero no es así. La protesta de los mineros, con toda la repercusión que para la ciudadanía puedan tener los recortes anunciados en otros sectores, tiene un mayor calado, porque concierne y afecta de una forma directa y grave a la economía de toda una provincia, a la de la Comunidad de Castilla y León y compromete la posición del propio Estado español en las futuras negociaciones que deberá emprender con otros países para garantizar el suministro energético. Porque, que nadie se engañe, no será lo mismo negociar el precio del carbón de importación sabiendo que, en su caso, España puede hacer uso de sus reservas, que negociar ese mismo precio conscientes de que no existe otra alternativa.
Lo que se ventila aquí es si se aboca o no la minería extractiva del carbón al cierre. El Gobierno, al margen de los retrasos en las entregas, recientemente ha anunciado que no va a prorrogar por más tiempo las ayudas económicas que establecía el Plan del Carbón. Y este anuncio, además de una declaración de guerra, da carta de naturaleza al certificado de defunción para el sector y es la causa de la respuesta y movilización inmediata de todo el colectivo.
En esta ocasión, en la oposición a los planes del Gobierno han coincidido sin exclusión de ideologías todos los agentes implicados: centrales sindicales, patronal, ayuntamientos, partidos políticos, etc. y ha concitado la adhesión y simpatía de toda la sociedad leonesa.
Pero la minería no debe mantenerse por inercia, cuestiones de afecto o intereses particulares. La reclamación que hace el sector se sustenta en razones objetivas y beneficiosas para toda la sociedad española.
La contribución del sector energético de la provincia de León al de la comunidad de Castilla y León representa más del 50%. La aportación de la provincia por este concepto al PIB de la Comunidad Autónoma está por encima de los 2.300 M€ anuales y, sin embargo, las ayudas comprometidas por el Gobierno, pero que no han sido desembolsadas, no llegan a los 300M€ para las cuencas mineras de toda España.
En la provincia de León el sector genera más de 3.500 puestos de trabajo directos, produce 4M de toneladas del combustible fósil e inyecta a la economía provincial más de 400M de euros. El impacto directo e inducido que tiene el sector en el producto interior bruto provincial supera el 13%. Es decir, suprimir las ayudas del Gobierno a la producción del carbón en la provincia de León es sin duda el peor negocio que se puede hacer en estos momentos.
Pero detrás de estas cifras existen otras poderosas razones de carácter social, estratégicas y de oportunidad que indican que el Gobierno comete un error grave al abocar a la minería del carbón al cierre. Por ello urge que los representantes gubernamentales se sienten a discutir con los interlocutores sociales, políticos y económicos de la provincia de León las actuaciones que deben llevarse a cabo para garantizar el mantenimiento de las explotaciones mineras.
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