Una de aquellas entidades bancarias que formaban parte del robusto sistema financiero español, del que tan orgulloso se sentía el ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es Caja España. Una entidad cuyo origen está en su tierra, que también es la mía. Al final, como todo el mundo sabe, resultó que nuestro sistema bancario no era tan sólido como se presumía. En concreto, prácticamente todas las cajas de ahorros han desaparecido o están a punto de desaparecer y con ellas sus obras sociales. Lamentablemente Caja España no es una excepción. En estos días la emblemática entidad leonesa lucha por el ser o no ser. Para ello hoy se barajan dos alternativas: una; que otra entidad, en este caso Unicaja, la absorba y asuma sus deficientes estados contables y, otra, que la nacionalice el Gobierno para trocearla y vender las partes sanas.
Con independencia de la opción que se elija, previamente es necesario emprender medidas de saneamiento, de racionalización y de eficiencia…que embellezcan la entidad y la haga más atractiva para sus posibles pretendientes. Es decir, para entendernos y expresarlo sin rodeos, bajar salarios a los empleados y despedir personal.
Esta tarea de racionalización…, de redimensionamiento…, etc., etc. se pretende llevar a cabo en dos fases. La primera de ellas ya se culminó hace apenas un par de años. En ella se “prejubiló” a un número elevado de empleados, a aquéllos que cumplían unos requisitos que los mismos afectados y candidatos a la prejubilación se habían fijado. Algunos de estos candidatos eran directivos de la propia Caja, representantes sindicales o representantes políticos, que de todo había. Ellos, desde su privilegiada posición, se fijaron las condiciones y entre ellas las sustanciosas indemnizaciones por las bajas incentivadas. El asunto llegó a los tribunales, y los afectados alegaron que las cantidades pactadas por ellos mismos consigo mismo, y que percibieron euro a euro hasta acumular cantidades millonarias, se correspondían con las que merecían por su intensa dedicación a la entidad. El alcalde de la ciudad, uno de los empleados afectados, se defendió vehementemente de las diatribas del "populacho" haciendo valer sus 19 años de servicio (con las prolongadas interrupciones propias del cargo, claro está). Tan convencido estaba el corregidor leonés de su derecho a percibir la millonaria indemnización, que prefirió renunciar a su escaño como diputado antes que a las sustanciosas cantidades ingresadas en su cuenta corriente en concepto de "merecida" prejubilación. Para decir toda la verdad, en primera instancia, los tribunales absolvieron a los gestores de la caja de las imputaciones realizadas por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, etc., etc. Es decir, la justicia determinó que el proceso se ajustó a la legalidad, a pesar de las cuantiosas indemnizaciones repartidas. De esta manera el asunto se despachó en la entidad bancaria poniendo más dinero, sin la necesidad de REDUCIR salarios, sino más bien al contrario, pagando sustanciosas cantidades y sin gastar una sola bala en promover un expediente de regulación de empleo. ¡Eso fue sanear, y no lo que viene ahora!
Porque ahora estamos ante la segunda fase de saneamiento. Las causas que justifican la actuación son idénticas a las expresadas en la primera fase. Es necesario reducir costes, sanear las cuentas, etc, etc. Por decirlo una vez más en román paladín, bajar los salarios a los empleados y despedir más personal. Aquí los directivos de la caja, para afrontar la situación, el instrumento que emplean es la conocida “Ley del embudo”.
(Abro un paréntesis para decir que me importa significar que la citada Ley del embudo resulta de general aplicación en nuestro país, por eso creo que debería ocupar el lugar que le corresponde en el libro de las leyes que más importan, para evitar que su habitual uso desgaste los delicados mecanismos de su funcionamiento. Los estudiosos de los campos semánticos dedican buena parte de su talento a realizar valoraciones ideológicas de determinadas palabras de uso común. Sí, claro, que nadie se sorprenda, no todas las palabras son ideológicamente neutras. Imaginémonos por ejemplo una seleccionada al azar: justicia y preguntémonos cómo definirían este mismo término un hombre rico y cómo lo haría un hombre pobre. Para explicar las diferencias de criterio que necesariamente surgirían, los lingüistas han acuñado el término “ideoléxico”, que es aplicable a un gran número de palabras. Una de las expresiones, con una gran carga ideológica, que debería formar parte de esa teoría política de los campos semánticos es la “Ley del embudo”, expresión que, por otro lado, ya tiene cabida en el diccionario. Dice el DRAE: “Ley del embudo. La que se emplea con desigualdad, aplicándola estrictamente a unos y ampliamente a otros”. Cierro el paréntesis).
En el caso que nos ocupa, los altos directivos de la Caja de Ahorros, ante el mismo problema que se les plantea resolver: el de reducir costes y "deshacerse" de personal, para que nadie se sienta discriminado, han decidido aplicar la misma Ley. Todos iguales ante la ley. Y han decidido, cómo no, aplicar la “Ley del embudo”, que en este caso consiste en reducir, ahora sí, más de un 9% de los salarios de sus trabajadores (en principio se proponía una reducción del 15%), prejubilar a precio de ganga a todos los prejubilables con una indemnización reducida y una papeleta en la que se le pregunta al afectado ¿lo tomas o lo dejas?
Estos trabajadores lo tienen crudo, para qué vamos a decir lo contrario. En la primera fase de la reestructuración, en la que, entre otros, entró el alcalde de la ciudad y vicepresidente de la Caja, lo que preocupaba era mejorar las condiciones de los que salían, y qué mejor forma de hacerlo que la de darles una elevada indemnización para incentivar su baja. Eligieron la parte ancha del embudo. En esta ocasión, la preocupación es por los que se quedan. Y la forma de garantizarles el futuro, para "sólo" tener que despedir a mil de ellos, es rebajarles el sueldo un 9% a todos. Les toca la parte estrecha del embudo.
A pesar del acuerdo alcanzado con los sindicatos, los afectados dicen que estos altos ejecutivos tienen una cara muy dura (algún empleado con el que he hablado lo cuenta utilizando "otros" términos para describirlo). Yo digo que se les puede reprochar de todo; pero de lo que no se les puede acusar es de no aplicar la misma ley para todos sus empleados: la Ley del embudo. Son unos fenómenos.
