La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, al igual que ya lo han hecho otras comunidades autónomas, ha decidido conferir el rango de "autoridad" a los maestros y profesores. A mí la medida me parece bien. Me gusta. De hecho, desde que tengo uso de razón, primero al maestro y luego al profesor siempre los consideré como una autoridad. Nadie tuvo que recordarme lo de la "presunción de veracidad": lo que decía el maestro iba a misa. Punto. Por tanto, a esos efectos, pienso que sólo se trata de llevar al Boletín oficial lo que de hecho el sentido común dicta.
Pero no debemos despistarnos, la autoridad por sí sola no resuelve el problema grave de la educación en España o en nuestra Comunidad. Por ejemplo, nadie niega la autoridad a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil y, sin embargo, eso no es suficiente razón para que desistan los delincuentes en sus tropelías.
La autoridad del maestro debe venir necesariamente acompañada de un conjunto de medidas que la haga provechosa para la sociedad en su conjunto. De lo contrario convertiremos al magisterio en una especie de gueto en el que el docente investido de autoridad se ve en la necesidad de defender y defenderse en los tribunales contra las agresiones que reciba, sin que disponga de instrumentos adecuados para prevenirlas. El maestro contra el sistema. El maestro contra los alumnos rebeldes. El maestro contra la dirección pasible y tolerante con las agresiones. El maestro contra los padres obstinados. El maestro contra todo y contra todos.
El ejercicio de esa autoridad, también puede tener un efecto pernicioso para el maestro que la administra. Porque, al final, el sistema educativo se puede lavar las manos y desentenderse de los problemas, indicándole al maestro un camino sin retorno. Puesto que tiene autoridad, se le dirá al maestro, ejérzala. Hágala valer allí donde se le reconoce. Denuncie en sede judicial su conculcación; pero por favor, no me moleste más con sus quejas.
La primera gran agresión a la Autoridad del maestro consiste en no dotarle de los medios necesarios para que pueda llevar a cabo su importante tarea. Y esta agresión no parte ni de los padres ni de los alumnos, sino directamente del Estado. Otra agresión consiste en privarles de los cursos de reciclaje necesarios para que adecuen sus conocimientos a los nuevos tiempos, o que no cuenten con los apoyos necesarios para atender las particularidades de los alumnos que se les presentan en las aulas. El sistema hace aguas por muchos sitios. Yo no soy ningún especialista en ello, pero es tan evidente que no se hace necesario argumentarlo.
Por tanto, la medida me parece oportuna y necesaria; pero creo que para que sea eficaz debe ir acompañada de otras muchas más. ¿La administración será valiente para adoptarlas y ponerlas en marcha o todo quedará en una anuncio propagandístico para simular lo mucho que nos preocupa el sistema educativo y dejar las cosas como están? Soy pesimista al respecto; pero en cualquier caso, el tiempo lo dirá.
